- Nos distanciamos éticamente de las familias que aceptan sumas de dinero como recompensa por los crímenes que han sido perpetrados contra sus seres queridos, mientras se resignan a que no haya justicia; a que los crímenes permanezcan en la impunidad total; a que los perpetradores continúen en el gobierno, en los órganos de seguridad o de fuerza pública o en la dirección de empresas criminales, y mientras las estructuras paramilitares que auxiliaron al Estado en sus estrategias criminales permanezcan intactas y activas.
- Firmar un pacto en el que se pretende cubrir con dinero toda exigencia de justicia y de reparación de tantas vidas destruidas con sevicia, en una zona que fue especialmente afectada por la saña de victimarios afincados en el poder, es ceder al más desvergonzado soborno que intenta comprar las conciencias de los dolientes y la dignidad de las víctimas.
- Una región como Urabá, que vio exterminar con crueldad extrema las organizaciones sociales, los sindicatos obreros, los grupos de derechos humanos, el periodismo alternativo, los partidos políticos de oposición, los liderazgos sociales y comunitarios, los ensayos de economía solidaria y que ahora permita que el dinero borre toda la memoria de esa ignominia y sepulte todo anhelo de justicia, se convierte en una sociedad degenerada que permite que los padres vendan a los hijos; los hijos a sus padres y madres; los hermanos a sus hermanos, como chatarra reciclable en un inmundo mercado.
- Nuestra Comunidad de Paz ha sufrido horrores durante los últimos quince años: masacres y asesinatos de varios centenares de sus integrantes; desapariciones forzadas; bombardeos indiscriminados; incineración de viviendas y cultivos; saqueo de los bienes de subsistencia; violación de nuestras mujeres; desplazamientos forzados y masivos; amenazas de muerte y de exterminio casi permanentes; bloqueos económicos y cercos de hambre; detenciones ilegales; montajes judiciales; procesos amañados fundados en testimonios falsos pagados con dinero; robo de computadores; espionajes ilegales prolongados; chuzadas telefónicas; calumnias y campañas de difamación; empadronamientos ilegales; expropiación de predios y bienes de los desplazados; destrucción de nuestros sitios sagrados; filmaciones y tomas fotográficas ilegales; destrucción de escuelas y centros de salud; robo y destrucción de plantas de energía; ocupación militar ilegal de predios, viviendas y espacios comunitarios; robo de animales de carga y de animales domésticos; pillajes de los precarias dotaciones de nuestras viviendas y configuración de estructuras paramilitares para infiltrar e intimidar permanentemente a nuestras familias con gente sobornada y con su conciencia moral destruida. Lo más grave es que de todos estos crímenes los Presidentes de turno han sido informados inmediatamente y se han negado a cumplir la Constitución que los obliga a garantizar los derechos de los ciudadanos.
- Durante todos estos años ha sido inútil toda denuncia. El recurso al poder judicial sólo ha servido para que los denunciantes sean asesinados, estigmatizados, sometidos a montajes, amenazados o desplazados forzadamente. El Gobierno y las fuerzas armadas han desacatado las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Constitucional. Han designado para comandar a la fuerza pública en la zona a oficiales que no respetan la Constitución ni las leyes ni el Derecho Internacional y que actúan en contra de los más elementales principios de la ética universal.
- Nuestra Comunidad de Paz ha tenido que organizar los retornos a las veredas de origen, no sólo apoyándose en sus propios esfuerzos y recursos sino corriendo enormes riesgos al tener que enfrentar a las hostiles fuerzas del Estado y del Paramilitarismo que siempre han actuado unidas y coordinadas. Privados de los recursos del Estado a que tenemos derecho como contribuyentes, hemos tenido que solucionar nuestras necesidades más apremiantes solos pero gracias a la solidaridad comunitaria y al hermanamiento de comunidades de otros países que han reconocido nuestro esfuerzo y compartido nuestros principios éticos.
- Consideramos un gigantesco y aberrante soborno el que se pretenda cubrir con dinero crímenes tan numerosos y tan horrendos mientras se mantienen intactas las estructuras que los perpetraron e impunes a todos sus actores. Nuevamente le suplicamos al Señor Presidente, a sus ministros y funcionarios: PRIMERO CORRIJAN TANTA INIQUIDAD. Depuren el Gobierno y el Estado de tanto criminal, especialmente a la fuerza pública y a los llamados organismos de “seguridad” que son esencialmente de “inseguridad”. Limpien el poder judicial de la podredumbre en que se encuentra. Restablezcan la dignidad de las víctimas y reconstruyan todo lo que ustedes han destruido. Juren respeto real y no ficticio a la Constitución y a las leyes. RESPETEN LA DIGNIDAD HUMANA. DESAGRAVIEN A LAS VÍCTIMAS Y A SUS DOLIENTES. Luego piensen en pagar, pues pagar antes es cometer el más desvergonzado SOBORNO.
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