Persisten el racismo y la violencia contra la mujer en Latinoamérica, dice Amnistía Internacional.

La entidad destacó hoy que la crisis económica ha puesto en primer plano los problemas de pobreza y desigualdad.

"No se trata solamente de una crisis económica, es una crisis de derechos humanos", afirmó Irene Kahn, directora general de la organización en la difusión de su informe anual 2009 en Londres y otras ciudades, incluida Washington. "El mundo está sentado sobre una bomba de tiempo social, política y económica".

En 2008, el mundo asistió a un masivo incremento de precios de los alimentos básicos, situación que se agravó a fines del mismo año con la crisis financiera que empezó en Estados Unidos y se ha expandido globalmente.

Las tensiones sociales y disparidades económicas generaron protestas de miles de personas en diversos países. En Américas Latina, se dieron con especial fuerza en Perú, mientras que en Chile se agravaron con manifestaciones de pueblos indígenas por sus derechos y mejores condiciones de vida, dijo AI.

En Chile las protestas sociales "fueron objeto de creciente criminalización" y AI acusó a la policía "de hacer uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes". Amnistía agregó que "las tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas en especial la comunidad mapuche siguieron siendo muy fuertes".

Respecto a los encarcelados chilenos, el informe cita al relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los presos, que constató "algunas buenas prácticas", pero también irregularidades.

El relator, dice, según AI, "condenó el uso de fuerza excesiva en los castigos, un grado de hacinamiento sin precedentes en las prisiones estatales y la prestación inadecuada de servicios básicos en los centros de detención de menores".

Los defensores de los derechos humanos han desafiado a menudo "a poderosas elites sociales y económicas, y tienen que hacer frente a la inercia y la complicidad de gobiernos que no cumplen con su obligación de promover y defender los derechos humanos", afirmó Kahn.

En Colombia, los abusos de los derechos humanos, incluidos homicidios y desapariciones forzadas, siguieron produciéndose como parte del conflicto armado interno, en el cual grupos paramilitares y guerrilleros también amenazaban y mataban a miembros de comunidades nativas acusándolos de favorecer al enemigo.

En Bogotá, Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la vicepresidencia colombiana, dijo que "AI, como otras organizaciones no gubernamentales, se empeñan en desconocer que los jefes paramilitares se encuentran recluidos en la cárcel y sus estructuras desmanteladas".

"Los grupos que se han rearmado tienen como principal motivación el narcotráfico...No podemos precisar cuántas muertes les son imputables a estos grupos; sin embargo, es evidente la lucha del estado contra estas organizaciones" armadas ilegales, dijo Franco.

Situaciones de violencia contra nativos ocurrieron también en México y en Bolivia persistieron el racismo y discriminación que, según AI, eran "fenómenos muy arraigados en el país".

Los actos de violencia contra mujeres y niñas continuaron en aumento en la región, llegando incluso a homicidios. Numerosos cadáveres de mujeres mostraron señales de tortura y violencia sexual, pero "la respuesta de muchos gobiernos -sobre todo en Centroamérica- siguió siendo insatisfactoria".

Nicaragua y Haití destacaban en la región por ser dos países en donde, según los informes, más del 50% de las víctimas de abusos sexuales tenía 18 años o menos, dijo AI.

"El abuso sexual de niñas... se hallaba indisolublemente unido a la pobreza, la penuria y exclusión, que las ponían en peligro de convertirse en víctimas de explotación sexual como único medio de sobrevivir", agregó.

Ante el alto nivel de violencia sexual, AI dijo que era "preocupante que Nicaragua, Chile y El Salvador mantuvieran la prohibición del aborto en todos los casos, incluso cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o cuando su continuación pusiera en peligro la vida de la mujer o la niña".

Se recibieron informes según los cuales "grupos de presión religiosos" habían intentado que se estableciera una prohibición similar en Perú y Ecuador, dijo.

Según AI, a pesar de haberse registrado algunos avances contra la pobreza en la región, más de 70 millones de personas vivían con menos de un dólar al día.